sábado, 3 de noviembre de 2012

Desahuciando vidas


Uno de los argumentos (o mentiras) que más hemos oído en estos últimos años es el de que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Incluso yo lo he mencionado alguna vez, si bien más relacionado a casos particulares que a una generalidad que explique la situación actual que estamos viviendo. Desde luego que haya un 25% de parados, que haya una mala gestión de los fondos públicos, que los bancos se hayan arriesgado con operaciones dudosas no es culpa de los ciudadanos. No, por mucho que se empeñen ciertos políticos en hacernos creer lo contrario. 

Al margen de las causas históricas que hayan llevado a muchos ciudadanos a perder sus hogares (y que algún día analizaremos), lo importante a día de hoy es la situación tan desagradable que estamos viendo día a día. 500 desahucios al día deberían provocar que una comisión urgente del Parlamento español acometiese las urgentes medidas que se están exigiendo desde la ciudadanía y desde el cuarto poder, que ahora parece que le están dando una mayor importancia. Efectivamente, prensa, televisión y radio dedican muchos minutos y páginas a personas desgraciadas que se han visto por diversas razones obligadas a dejar sus casas. Pero los políticos, los nuestros, parecen más interesados en sus problemas que en los del pueblo español, porque eso sólo justifica que no hayan realizado más acciones encaminadas a solucionar este drama social que se ha agravado con la última crisis económica. 

Cualquier argumento para no intervenir de una forma más feroz en contra de los desahucios inevitablemente decae cuando los bancos y cajas españoles han recibido dinero público. Si bancos y cajas, sujetos privados y con personalidad jurídica, han realizado operaciones con otros bancos y sujetos (algunas de ellas muy inseguras) y el Estado ha intervenido para solucionar esas relaciones privados, ¿por qué no interviene en las relaciones entre bancos y ciudadanos? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? "No se puede dejar caer a los bancos" dicen, pero sí al pueblo que es donde reside la soberanía y uno de los elementos fundamentales de cualquier Estado. Quien "presta" dinero suele poner sus condiciones, así que es el Estado que ha rescatado a los bancos quien puede imponerles deberes. Pero esos deberes no pueden consistir en una mera recomendación de buenas prácticas, porque como se ha demostrado en los últimos meses, brilla por su incumplimiento. Es necesario una imposición de deberes que pasa por modificar una ley hipotecaria, texto refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946. Mucho se ha corrido para acometer otras reformas, algunas por la tan manida y mal utilizada figura del Decreto-ley, pero aquella que corre prisa ya que estamos jugando con el sustento de muchas familias, va a una velocidad extremadamente lenta. Ahora se ha anunciado la creación de un grupo de trabajo compuesto por varios ministerios, lo cual aunque es un paso, sigue siendo insuficiente. Es necesario abrir el abanico y hacer partícipes a más interesados, los primeros el resto de políticos de las Cortes Generales.

Medidas para paliar los desahucios hay muchas: desde la más conocida dación en pago (dando la vivienda te liberas de la deuda) hasta el alquiler "mal llamado" social. Y digo mal llamado porque a mi juicio, no existen per se. Seguimos con el convencimiento que nos ha llevado a esta situación de que la vivienda tiene que tener un precio desorbitante y por tanto, todo lo inferior tendría que ser "social" en términos de benéfico  El precio lo marca el mercado, pero éste es cambiante y por eso, las cosas no valen lo mismo ahora que hace 10 o 20 años o incluso más. ¿Por qué el mercado dice que ahora un piso de 40 metros tiene que valer su alquiler 400 €? ¿Por qué no nos podemos cerciorar todos, ciudadanos, políticos y bancos, que igual inflar tanto el precio es incoherente, ilógico y todo un peligro? Pero si el problema es llamarlo social o no, da igual en el fondo. Lo importante es conseguir alquileres que puedan pagar las personas y solucionar de alguna manera los conflictos económicos.

Pero todo lo escrito sobre los desahucios sólo debe tener como finalidad parar las desgracias humanas que van acompañadas de esas medidas. No dejar a familias enteras en la calle, sin un techo y sin una comida caliente en la mesa. Eso es lo mínimo que el Estado debería procurar a sus ciudadanos y no asegurar desorbitantes pensiones para políticos y banqueros. Sirva este humilde escrito como otro grito en contra de toda esta situación. ¡Basta ya de desahucios!


  • Más información:

Stop Desahucios Zaragoza
Plataforma de Afectados por la Hipoteca


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